La agroindustria, al rescate del Delta del Llobregat

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En los últimos días se ha hecho pública una carta de la Comisión Europea dirigida tanto al Estado como a la Generalitat de Catalunya, exigiendo una actuación urgente para evitar lo que entienden que es una situación de degradación natural del Delta del Llobregat.

Como casi siempre ocurre en materia de espacios, o bien protegidos, o bien susceptibles de recibir una protección especial en la cuenca mediterránea (casos como el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o de la Manga del Mar Menor en Murcia, entre otros), el sector agroalimentario aparece como el responsable último de la situación. Ésta es la visión no sólo de los grupos ecologistas que están detrás de la denuncia ante la Comisión Europea, sino también de la Conselleria de Territori que ha anunciado la ampliación de la actual zona protegida ya existente en el Delta bajo la figura ZEPA (Zona Especial Protección de Aves).

En este sentido, para dar cumplimiento a las exigencias realizadas por la Comisión Europea, la Generalitat opta por el camino más sencillo, el más dañino y el más restrictivo, poniendo en peligro el suministro alimentario del Área Metropolitana de Barcelona. La existencia y ampliación a lo largo de los años de las ZEPA impide de facto una producción agroalimentaria a escala, donde los propietarios y gestores quedan completamente desprotegidos, a merced de decisiones arbitrarias basadas en criterios ideológicos más que técnicos en materia de ingeniería agronómica. El Parque Agrario del Baix Llobregat ya está sometido desde hace años a múltiples restricciones y condicionantes de carácter ecológico. De llevarse a cabo la ampliación de la figura protegida, impediría en la práctica la tecnificación, cultivo con invernaderos, sistemas de riego y otros elementos fundamentales en la modernización de la agroindustria.

Las ZEPA -que en este momento suponen en torno al 30% de todo el territorio de España- son usadas frecuentemente como instrumento político como fue el caso de la ampliación de esta figura para impedir la construcción del almacén de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). Ésta es, quizá, una de las actuaciones más escandalosas que ha merecido sendas sentencias en contra en los tribunales, marcando una jurisprudencia clara: el derecho medioambiental no está absolutamente por encima de ninguno de los derechos fundamentales.

Ampliar la ZEPA del Delta del Llobregat obliga a abandonar con distinta intensidad la agricultura intensiva y de alta eficiencia, dado que es incompatible mantener una actividad de estas características bajo este régimen de protección. En este sentido, partiendo de los cálculos realizados en el informe “Valoración de los costes de conservación de la Red Natura 2000 en España” publicado en 2013 por el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a euros constantes de 2007, una decisión de estas características genera dos consecuencias prácticas: por un lado, una reducción de la producción agroalimentaria de entre un 7,5% en el escenario menos restrictivo (una limitación del 25%) y un 30% en el escenario más restrictivo (una limitación del 100%). En el escenario central (limitación del 50% de la producción), las pérdidas son del 15%.

Y, por otro lado, provoca un aumento muy significativo de los costes de producción por las limitaciones al uso de fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes. Concretamente, con base en el informe anteriormente citado, el aumento de costes oscila entre un 3,12% en el escenario menos restrictivo (una limitación del 25%) y un 12,5% en el escenario más restrictivo (limitación del 100%). En un escenario central (50% de limitación), el incremento de costes asciende al 6,25%. El efecto combinado, en consecuencia, aboca a las cuentas de resultados de las empresas agroalimentarias a la ruina.

En resumen: la suma de pérdidas en el valor de la producción y el aumento de los costes hace inviable la existencia de agricultura competitiva en el Delta del Llobregat, provoca la desaparición de empresas agroalimentarias, impide la incorporación de jóvenes empresarios a la agricultura y compromete la seguridad alimentaria de su entorno más cercano, especialmente de los núcleos urbanos más densamente poblados como es el caso del Área Metropolitana de Barcelona.

Por consiguiente, es necesario repensar la estrategia de conservación del Delta del Llobregat, pasando de una acción agresiva y enormemente dañina para la soberanía alimentaria del territorio donde se concentra la mayor parte de la población de Catalunya (¿cómo explicaría la Generalitat a los ciudadanos catalanes que su cesta de la compra se encarecería en el escenario más conservador un 10% y tener que recurrir cada vez más a producto alimentario venido de fuera de Catalunya si además lo que se quiere es potenciar la producción local?) a colocar al sector agroalimentario de la zona en el centro de la solución.

Se necesita un plan integrador que recoja todos los elementos favorables a la restauración ecológica, con criterios dinámicos y no dogmáticos, que establezca las vías de reforma en las prácticas de producción para que éstas sean sostenibles y que vigile principios tan básicos como el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, la mantención de costes razonables para los consumidores y la soberanía productiva del territorio.

Un necesario equilibro entre actividad agrícola y protección de los espacios naturales, más aún en zonas especialmente amenazadas, con problemas o en riesgo de desaparición. La contribución que el sector agroalimentario puede hacer a restaurar los ecosistemas no lo pueden hacer otros sectores y menos una intervención pública que se base en ampliar por decreto zonas de especial protección que impiden el ejercicio de actividad económica alguna, por muy bienintencionada que ésta sea.

Baldiri Ros
Presidente del Institut Agricola y Vicepresidente primero de AEBALL.

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Más información: www.institutagricola.org

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